Durante una entrevista con Skok Multimedia, Jorge Luis Abrego, director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), destacó la importancia de la función fiscalizadora de la institución para garantizar la calidad del servicio del transporte público de pasajeros en Panamá, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las normativas establecidas.
“Al llegar a la Autoridad me encontré con diversas oportunidades y desafíos que requieren atención inmediata”, manifestó Abrego.
Comentó que, a lo largo del tiempo, varios aspectos claves de la función de la Autoridad se habían descuidado, dado que la atención se había centrado principalmente en las tres “T”: tránsito y transporte terrestre. Esto ha llevado a la necesidad de fortalecer la fiscalización del transporte, asegurando que se cumplan las normativas y se brinde un servicio de calidad a los ciudadanos.
El director enfatizó la importancia de retomar estas responsabilidades para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la seguridad de los usuarios.
La fiscalización, según Abrego, no solo se refiere a supervisar el cumplimiento de las leyes, sino también a fomentar un transporte más seguro y accesible para todos los panameños. Esto incluye controles regulares y la evaluación constante de la calidad del servicio.
“El transporte público de pasajeros requiere organización y todavía estamos en un punto incipiente. Podemos decir hacia dónde queremos ir y es modernizarlo, hacer que esta actividad sea lucrativa, pero en bien del usuario”, dijo.
En la conversación, también se abordaron las estrategias para mejorar la eficiencia y la implementación de nuevas tecnologías. Además, el director de la ATTT hizo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto: usuarios, transportistas y Estado, para afrontar los desafíos que enfrenta el sector.
Abrego identificó la modernización de la ATTT como uno de los principales desafíos que enfrenta. Reconoció que actualmente hay muchas falencias, especialmente en el ámbito de la justicia de tránsito, y mencionó que se están realizando esfuerzos para reorganizar los juzgados de tránsito.
Destacó la dispersión del sistema jurídico dentro de la institución, señalando que la cantidad de leyes en torno a la actividad de tránsito terrestre es abrumadora, incluso para los abogados más expertos. Enfatizó que hay tres leyes fundamentales—la Ley 14, la Ley 34 y la Ley 42—que son esenciales para la regulación del tránsito, pero que además existen muchas otras leyes relacionadas, como las de registro único vehicular, seguros obligatorios, revisado vehicular, entre otras.
También se refirió a iniciativas futuras que buscan transformar la experiencia de los usuarios y optimizar los recursos disponibles.
Resaltó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha instruido avanzar en la digitalización de los procesos, con el objetivo de reducir la dependencia del papel y mejorar la eficiencia operativa.
Uno de los proyectos clave en este proceso es la implementación de la licencia digital. Abrego explicó que este proyecto está en fase de estudio, analizando tanto los aspectos técnicos como jurídicos. La nueva licencia permitirá a los usuarios llevar este documento en sus dispositivos móviles, incorporando un mecanismo de seguridad para proteger la información.
Además, el director mencionó que el formato actual de la licencia no ha sido revisado en muchos años y está desfasado. La nueva licencia digital incluirá información más relevante, como un código QR que permitirá a los usuarios acceder de manera inmediata a datos importantes.
Otro proyecto relevante en el proceso de modernización de la ATTT es la implementación de boleteras electrónicas. Abrego afirmó que estos dispositivos tienen la capacidad de captar infracciones de manera inmediata y registrar la información directamente en la base de datos de la institución. Actualmente, el proceso con boletas físicas presenta un desfase considerable, ya que las boletas deben ser enviadas a un centro de captura, donde se procesan e ingresan al sistema, lo que puede tardar entre dos y siete meses.
Este retraso genera problemas para los ciudadanos, quienes, al intentar obtener un paz y salvo, pueden descubrir que tienen infracciones que aún no han sido registradas en el sistema. Para abordar este inconveniente, Abrego destacó que la boletera digital permitirá notificar a los infractores de inmediato a través de su correo electrónico, dándoles la oportunidad de cancelar la infracción dentro de los 30 días posteriores a su emisión. Esta medida no solo agilizará el proceso, sino que también mejorará la transparencia y la experiencia del usuario en el sistema de tránsito.
El director de la ATTT también se refirió al tema del transporte “pirata” o alternativo, señalando que, como su nombre indica, esta actividad se desarrolla al margen de la ley. Enfatizó que la ATTT no puede en ningún caso legalizar o legitimar esta práctica. Las sanciones para quienes operan de manera ilegal son severas, con multas de hasta 1,000 dólares para aquellos que ofrecen servicios de transporte público sin la debida autorización.
Abrego explicó que las falencias en la prestación de servicios públicos, que deberían ser cómodos, oportunos y seguros, son las que impulsan a los usuarios a buscar alternativas, creando así un espacio para el transporte pirata. Para abordar esta situación, mencionó que se han llevado a cabo reuniones con aproximadamente 34 organizaciones de transporte, donde se ha enfatizado la necesidad de modernizar el servicio. Los transportistas han mostrado su apoyo a este proceso, lo que sugiere un compromiso para mejorar la calidad del transporte público y reducir la proliferación de servicios no autorizados.
